16 nov 2016.- Hacer público el patrimonio personal no siempre es fácil para los funcionarios y los ex funcionarios. Cumplidos todos los plazos y a pesar de las intimaciones, para principios de noviembre, 3683 jerárquicos y ex jerárquicos de la administración nacional no habían presentado su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA). Por la falta del trámite, al menos 93 personas fueron sancionadas con la retención del 20% de su sueldo.
El universo de obligados a informar su patrimonio este año asciende a 47.329 personas, ya que incluye a los ex funcionarios kirchneristas -que tienen que presentar el informe de “baja” de la función- y a todos los cargos de Cambiemos. El plazo inicial venció el 30 de mayo.
El listado de incumplidores se achicó casi a la mitad en los últimos cuatro meses, luego de que la OA difundiera la lista de morosos y enviara una intimación. Según explicaron a LA NACION desde el organismo de control que conduce Laura Alonso, este mes la nómina de morosos se siguió reduciendo, con más funcionarios que se pusieron en regla.
Uno de los ex funcionarios que, hasta principios de noviembre, no había presentado su declaración jurada es Carlos Kirchner, primo del ex presidente, que se desempeñó como subsecretario de Coordinación de Obra Pública. En 2014 sí había informado su patrimonio, que ascendía a $ 9,3 millones. Hoy, el santacruceño está más concentrado en Comodoro Py: imputado en la causa de Vialidad, fue indagado días atrás por los supuestos beneficios que recibió el empresario Lázaro Báez.
No es el único imputado en esa causa que incumplió con su declaración jurada: tampoco lo hizo el ex director ejecutivo del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) Gustavo Gentili. Otro de los que -para noviembre- no había cumplido era el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González.
Según un monitoreo de la OA al que accedió LA NACION, 93 personas recibieron una sanción económica por no haber hecho público su patrimonio. El 22 de agosto, Alonso envió una nota electrónica a todos los ministros, “con copia” al presidente Mauricio Macri, para pedirles que obliguen a los “incumplidores” a que hagan su presentación y que, de persistir la falta, “les suspendieran la percepción del 20% del sueldo hasta que acrediten haber satisfecho la obligación”. Tras el “reto”, 31 funcionarios cumplieron con el trámite. Los sancionados pertenecen al PAMI, a la CNRT, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Ambiente y a siete universidades nacionales.
Resistencias
A fines de agosto, la OA y el Ministerio de Modernización publicaron las declaraciones juradas en un portal de datos. La apertura de los números encontró serias resistencias en algunos sectores. Dos gremios presentaron amparos ante la justicia en lo contencioso administrativo y acusaron al Gobierno de violar la ley con la difusión de “datos sensibles”. Se trata del Sindicato Único del Personal de Aduanas (Supara), que encabeza Carlos Sueiro, y de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UPS AFIP), conducido por Julio Enrique Estévez (h.).
Ambos sindicatos reclamaron bloquear el portal de datos patrimoniales por considerar que pone en peligro la seguridad de los funcionarios y a sus familias, ya que viola “la protección de datos personales”.
Tanto Modernización como la OA rechazaron ante la Justicia las denuncias. En ambos casos, los jueces de primera instancia rechazaron los amparos, al entender que no se advierte una conducta “arbitraria o ilegítima” en la difusión de los datos de las declaraciones juradas, que tienen “carácter público”, conforme a la ley. El gremio de los aduaneros apeló el fallo y ahora debe resolver la Cámara
Fuente: / lanacion.com.ar
