La Justicia otra vez le dijo no. Los miembros de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo decidieron declarar nulo el decreto mediante el cual el gobernador José Jorge Alperovich había rechazado la renuncia del juez Alberto Piedrabuena, uno de los tres magistrados que había absuelto a los acusados del secuestro de María de los Ángeles “Marita” Verón.
Según se informó, los camaristas ordenaron además que se dicte un nuevo decreto, sin embargo el Gobierno tiene 48 horas hábiles para apelar el fallo.
Piedrabuena integró, junto a Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, la sala que el 11 de diciembre pasado dejó en libertad a los 13 imputados por el secuestro y promoción a la prostitución de María de los Ángeles Verón. Desde ese día, los vocales de la sala II de la Cámara Penal quedaron en el ojo de la tormenta y fueron denunciados por Susana Trimarco, madre de la joven desaparecida en 2002, ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Ese órgano de trabajo finalmente acusó a dos de los tres jueces ante el Jury de Enjuiciamiento. Sin embargo, el proceso de destitución fue paralizado por una cautelar de la Corte Suprema de Justicia ante un planteo de Romero Lascano.
Herrera Molina, a fines de diciembre, había presentado ante el Poder Ejecutivo su renuncia condicionada al cargo para adherirse a la jubilación. Pero esa dimisión fue rechazada por el gobernador en febrero. Con el patrocinio de los abogados Arnaldo Ahumada y José Roberto Toledo, recurrió esa disposición del PE y obtuvo un fallo favorable que ordenó al Gobierno a dictar un nuevo decreto. No obstante, Alperovich recurrió esa sentencia de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ante la Corte Suprema.
Piedrabuena emuló los pasos de Herrera Molina y el miércoles 24 de abril elevó su dimisión para acogerse a la jubilación ante el gobernador. Pero Alperovich, al igual que lo había hecho con Herrera Molina, se la rechazó con el argumento de que aún afronta un proceso de destitución en manos del Jury de Enjuiciamiento.
