22 mar 2017.- La causa que investiga una presunta “matriz de corrupción en la obra pública”, y en la que Cristina Kirchner está procesada por asociación ilícita y embargada en 10 mil millones de pesos, tendrá desde el 11 de abril una segunda etapa de indagatorias. Diecisiete autoridades de Vialidad Nacional señalados como parte de una supuesta estructura que “favoreció a Lázaro Báez con 52 contratos plagados de irregularidades”, deberán presentarse ante el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita. Mientras, la Cámara Federal citó a una audiencia para que la defensa de Cristina amplíe los argumentos de su apelación en la causa donde se la acusó de ser parte de una “asociación ilícita” que favoreció con contratos viales millonarios a Báez.
Todo comenzará el 11 de abril con un listado inicial que incluye a siete gerentes de Vialidad Nacional. Según señalaron fuentes judiciales a Clarín, en el transcurso de dichas indagatorias se realizarán nuevos llamados y serán en total 17 personas las que deberán concurrir a los Tribunales de Comodoro Py.
La Justicia sostiene que las autoridades del organismo que otorgó 52 contratos por 21.600 millones de pesos a favor del Grupo Austral, necesitó de diferentes instancias administrativas para que Báez “se convierta en el principal adjudicatario de obra pública durante el gobierno kirchnerista“, como se señala en la causa. En este punto indagarán a quienes integraron “el esquema general” que se inclinó a favor del empresario K, señalaron fuentes de la causa..
Por eso fueron citados subadministradores de Vialidad Nacional, Gerentes de administración, de Obras y Servicios Viales, de Planeamiento, investigación y control. En la imputación se los considera como parte de una “estructura institucional” de la que formaron parte “diferentes áreas gubernamentales y cargos estratégicos”, como parte de un “plan primigenio” montado por Néstor Kirchner “y mantenido por Cristina Kirchner cuando asumió la presidencia”.
En función de esto -dice el expediente- se llevaron a cabo designaciones clave en el extinto Ministerio de Planificación, la secretaría de Obras Públicas que manejó José López, la Dirección de Vialidad Nacional y el organismo vial en Santa Cruz. En este entramado de funcionarios se incluye a Julio César Ortíz Andino, Carlos Alonso, Gustavo Gentili, Fernando Abrate , José Gregorutti.
Además, en el listado se encuentran Sandro Férgola y a Sergio Passacantando, dos personas clave en el organismo vial con fuertes vínculos con Julio De Vido y Lázaro Báez, respectivamente. Todos están acusados de llevar adelante un “plan delictivo” para favorecer al Grupo Austral con contratos millonarios.
Férgola tenía la responsabilidad de controlar las obras asignadas al dueño del Grupo Austral. Ingresó a Vialidad Nacional en 2005 como gerente de Obras y Servicios Viales de la DNV. Luego fue ascendido a sub-administrador, cargo que conservó hasta julio de 2010. Durante ese período -que coincide con el veloz crecimiento del grupo Báez- se lo señala como un “hombre clave” en la estructura vial: “era quien decidía el reparto de cada obra de rutas o caminos“, indicaron fuentes oficiales. Está citado para declarar el 11 de abril a las 10.
Passancantando fue denunciado por Vialidad Nacional bajo la gestión de Javier Iguacel. Contador de profesión, ejerció como gerente de administración de Vialidad Nacional y trabajó para la financiera Invernes de Ernesto Clarens, imputado en la “Ruta del Dinero K”. En la ampliación de la denuncia penal se lo señala como uno de los responsables de convalidar “los espurios procedimientos” vinculados a las sumas millonarias direccionadas a favor del empresario K.
Sergio Passacantando, citado 19 de abril a las 10, avaló según consta en la causa, el pago de adelantos de certificaciones por más de $ 90 millones en un contrato que se investiga, superando el 30 % que permite la ley.
No será la única novedad en la causa en la que se procesó al a ex Presidenta, a Báez, a De Vido, López y ocho ex funcionarios y dirigentes del organismos viales. El fiscal Pollicita -según pudo saber Clarín– está finalizando un informe detallando todas las irregularidades cometidas en cada una de las 52 licitaciones otorgadas al empresario preso por lavado de dinero. En función de la documentación que se aportará a la investigación, se avanzará en una tercera etapa que es la investigación de las responsabilidades que recaen sobre las autoridades de la provincia de Santa Cruz: desde ex directores de Vialidad Provincial hasta ex gobernadores.
Fuente: / clarín.com.ar
