06 mar 2016.- Odebrecht ya dio el primer paso para iniciar el capítulo argentino del Lava Jato. En secreto, mantuvo por lo menos dos reuniones con altos funcionarios argentinos durante los últimos diez días. Está dispuesta a entregar información sobre las coimas por US$ 35 millones que pagó en el país, pero a cambio pide que le reduzcan las sanciones que podrían aplicarle.
Las primeras respuestas que cosechó Odebrecht, sin embargo, no fueron las mejores. Le replicaron que no están dadas las condiciones legales ni políticas para satisfacer sus pretensiones.
Por ello, el camino será complejo, según confirmaron a LA NACION cuatro altas fuentes que participaron de esos encuentros o están al tanto de lo que se discutió.
Odebrecht concentró sus primeros pasos en Buenos Aires en dos frentes. Por un lado, se reunió en la sede de la Procuración General con quienes investigarán lo ocurrido desde los ámbitos penal y administrativo; por el otro, contactó al Poder Ejecutivo en busca de una señal política.
La primera reunión ocurrió el miércoles 22 de marzo. Incluyó a la jefa máxima de los fiscales, la procuradora Alejandra Gils Carbó, y a los fiscales de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, y de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá.
Ante los tres, el abogado argentino designado por Odebrecht, Guido Tawil, transmitió que la constructora quiere ponerse “a disposición” y “colaborar” con la investigación local. Y planteó que la empresa puede destrabar la información que permanece bajo llave en Brasil y Estados Unidos, pero a cambio busca ciertos beneficios.
Socio del estudio M.&M. Bomchil, Tawil se especializa en arbitrajes complejos con aristas internacionales. Por eso, por ejemplo, años atrás representó ante los tribunales del Ciadi a la alemana Siemens, otra empresa con reclamos cruzados -de dinero y corrupción- con el Estado argentino.
Tras el encuentro con Gils Carbó, Tawil avanzó hacia su segundo encuentro. Fue con el ministro de Justicia, Germán Garavano. Le transmitió el mismo mensaje que otros letrados llevaron a Panamá, Perú y otros países donde Odebrecht admitió que pagó coimas. Esto es, que ahora es una nueva compañía, que dejó atrás las prácticas corruptas y que puede ayudar a meter presos a los funcionarios corruptos. Pero le explicó que a cambio necesita mantenerse a flote y que para eso requiere continuar en el registro de contratistas del Estado. Y que también acepta pagar las multas y condenas por daños y perjuicios que puedan aplicarle, pero que los montos a abonar no la empujen a la quiebra.
Datos sensibles
Tawil también detalló que la información sensible sobre las coimas locales aún no llegó a Buenos Aires. Pero que podría arribar durante las próximas semanas, acaso en abril. Es decir, dos meses antes de que termine el período de confidencialidad sobre las 77 delaciones premiadas de los ejecutivos que Odebrecht acordó con los fiscales brasileños.
El saldo de esos primeros encuentros, sin embargo, resultó magro para Odebrecht, que corroboró las falencias legales, de voluntad política y de coordinación imperantes en Buenos Aires, según admitieron a LA NACION algunos de sus interlocutores locales. Así, por ejemplo, y a diferencia de lo que ocurre en Brasil, las empresas no cuentan en el país con una ley de “clemencia”. Es decir, una norma que establezca sanciones penales para las personas jurídicas, pero también les permita reducir su responsabilidad cuando colaboren con la detección y sanción de delitos contra la administración pública.
Para habilitar esa opción a Odebrecht y otras compañías en el futuro, el Ejecutivo impulsa un proyecto de ley, al que se refirió el presidente Mauricio Macri al inaugurar las sesiones del Congreso. Pero hasta ahora sólo es posible recurrir en el país a los acuerdos individuales por medio de la figura del “arrepentido”.
A diferencia de lo que ocurre en Brasil en la megacausa Lava Jato, donde interviene un equipo de fiscales, sus primeros coletazos en la Argentina ya son investigados por varios jueces y fiscales, que a menudo no sólo no coordinan sus esfuerzos, sino que se retacean información.
No sólo eso. Mientras en Brasil los fiscales cuentan con el llamado “principio de oportunidad” -es decir, la facultad de decidir si impulsan o no una investigación penal según lo consideren relevante-, en la Argentina impera el de “obligatoriedad”, lo que inunda a sus pares locales de pesquisas menores e impide que concentren sus escasos recursos en los casos relevantes.
Del mismo modo, mientras en Brasil todo lo vinculado al Lava Jato pasa sólo por el juez federal con asiento en Curitiba Sergio Moro -que lidia con Odebrecht, Petrobras, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez y otras grandes compañías-, en la Argentina ya intervienen varios jueces, por lo que podría ocurrir, por ejemplo, que un magistrado admita un “arrepentido” que otro rechace.
Acaso por eso, según reconstruyó LA NACION, Gils Carbó le transmitió a Tawil que ella no podrá dar una respuesta a las pretensiones de Odebrecht. “Si los jueces y fiscales no quieren, no será posible”, le comunicó. Enfrentado con Gils Carbó, Garavano transmitió que eso no es tan así. Tanto la Corte Suprema -como cabeza del Poder Judicial- como Gils Carbó con los fiscales pueden fijar políticas generales y coordinar esfuerzos, en un abordaje que también deberá incluir a la Procuración del Tesoro, al mando de Carlos Balbín. Para Odebrecht, sin embargo, ambos encuentros sólo representaron el primer paso para una eventual negociación en la Argentina. Según dos partícipes en esas reuniones, así lo dio a entender Tawil: “Habrá que usar la inventiva para sortear obstáculos”.
Fuente: / lanacion.com.ar
