10 nov 2015.- Alertados por el descalabro financiero y el rojo fiscal que temen heredar en sus municipios, los intendentes electos para reemplazar a los barones del conurbano pedirán auditorías de corte de gestión para evitar desfalcos.
Es que algunos distritos del Gran Buenos Aires que cambiarán de signo político el 10 de diciembre próximo son hoy tierra arrasada: los caciques salientes dejaron de pagar servicios, no hay recolección de basura, hay nombramientos excesivos de personal y deudas con proveedores que se postergarán para después de diciembre.
“Muchos nos vamos a encontrar con rojo operativo. No vamos a poder gobernar. No se podrá pagar ni la luz”, dijo a LA NACION uno de los intendentes que ya pidieron una auditoría de corte a la Auditoría General de la Nación (AGN).
La idea de requerir auditorías se deslizó ayer durante una reunión entre intendentes de Cambiemos, agrupados en la tercera y en la primera sección electoral. Estuvieron allí los alcaldes electos de Lanús, Magdalena, Quilmes, Brandsen y San Vicente, entre otros.
Similar política adoptarán muchos de los nuevos intendentes radicales que reemplazarán a peronistas tras largos períodos de gobierno.
El vicegobernador electo, Daniel Salvador, se ofreció a facilitar el contacto con el auditor general, Leandro Despouy, ante la inquietud creciente de los nuevos alcaldes del radicalismo.
“Nosotros ya pedimos una auditoría porque observamos muchas irregularidades. El 98% por ciento del presupuesto del municipio que recibimos se destina a sueldos. Tendremos rojo operativo. No podemos pagar ni la luz”, dijo a LA NACION el intendente electo de Magdalena, Gonzalo Peluso (Cambiemos).
“Este año ingresaron 150 empleados públicos. Eso nos condiciona para gobernar el año que viene”, destacó Peluso. Y agregó: “Muchos intendentes están pasando el pago a los proveedores para después de diciembre, cuando ya están comprometidos los pagos de sueldos y aguinaldo”.
El intendente de Berisso, Jorge Nedela (Cambiemos), dijo a LA NACION: “Arrancamos con una deuda muy grande que supera los 60 millones de pesos. Están haciendo nombramientos de personas en estos últimos días. Estamos pensando en hacer no sólo una auditoría económica y financiera, sino también patrimonial”.
En Berisso, no se definió aún si la auditoría se hará a través de la AGN o a través de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata.
“Lo que debemos mirar en estos casos es el estado de la caja. La deuda con los proveedores, ver los recursos humanos. Y la transferencia patrimonial? Es delicado porque la información no es fluida”, dijo Néstor Grindetti, intendente de Lanús.
Y agregó: “Una vez que se llega hay que hacer un censo de la deuda. Sobre todo con las deudas contraídas en los últimos 60 días. La auditoría en término patrimonial hay que hacerla, pero si nos dejan entrar a lo mejor puede evitarse una auditoría externa”.
En la primera sección electoral la situación es acaso más caótica que en la tercera sección. El intendente electo de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que asumirá en reemplazo del peronista Hugo Curto, señaló: “Estoy en un proceso de traspaso. Hay mucha incertidumbre porque son traspasos históricos. Una vez que estén todos los números evaluaremos si hace falta una auditoría externa”.
Pero no sólo los intendentes de Cambiemos se quejan de la herencia que recibirán de los barones del conurbano. Leonardo Nardini, del Frente para la Victoria (FPV), denunció el vaciamiento del municipio de Malvinas Argentinas por parte del intendente saliente, Jesús Cariglino, que incluye hasta el desmantelamiento de los hospitales públicos.
El intendente electo de Merlo, el kirchnerista Gustavo Menéndez (FPV), acusó a Raúl Othacehé de alentar una toma de viviendas para ocultar un desfalco al Estado nacional (ver aparte) y otorgar aumentos y pases a planta permanente indiscriminados a los empleados. “Menéndez miente para encubrir su propia incapacidad”, se defendió Othacehé. “No hay caos en la municipalidad, voy a entregar un municipio en condiciones”, afirmó
Denuncia en La Plata
Más allá de la polémica, las denuncias cruzadas por el botín político de los funcionarios salientes ya llegaron a la Justicia: en La Plata, el fiscal Marcelo Romero abrió una investigación para saber si funcionarios municipales desmantelaron cámaras de seguridad y juegos infantiles de las plazas, como parte del operativo traspaso entre Pablo Bruera (FPV) y Julio Garro (Cambiemos).
“Se está investigando el presunto robo de juegos en las plazas. Tuvimos una denuncia de personal policial que constató el faltante en 131 y 27”, dijo el fiscal.
“Luego se sumaron denuncias de personas que denunciaron el retiro de cámaras de seguridad. Gente del entorno del intendente electo Julio Garro se presentó en la Fiscalía para tomar conocimiento del expediente”, dijo Romero a LA NACION. Y el fiscal concluyó: “Hasta ahora la municipalidad negó enfáticamente todo”
Fuente:/ lanacion.com.ar
