03-OCT-2013 Tras las mejoras en Ganancias, los cambios en el monotributo y la ampliación de las líneas de créditos subsidiados del Procrear, el Gobierno ya prepara un nuevo anuncio para antes de las elecciones. Esta vez, el plan oficial contempla el lanzamiento de una serie de medidas destinada a intentar fortalecer la lucha contra la informalidad, un flagelo que afecta a uno de cada tres trabajadores y que sigue trayendo dolores de cabeza a la administración kirchnerista.
Para apurar los anuncios, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, convocó para el próximo jueves 10 a los representantes gremiales y empresarios que integran la comisión de trabajo no registrado creada en el marco del diálogo tripartito. Allí el eje de la discusión pasará por la definición de las dos medidas claves de la reforma postulada por la Casa Rosada: la creación de una suerte de “veraz laboral” que incorporará a los empleadores que incumplan en la obligación de registrar a su personal y la implementación de un nuevo régimen simplificado para microempresas, con el cual el Ejecutivo aspira a blanquear alrededor de un millón de trabajadores informales.
Tomada mantuvo en las últimas semanas diversos encuentros con representantes técnicos de las cámaras empresarias y de la CGT y la CTA más afines con la intención de sortear algunos cuestionamientos planteados por ambos sectores sobre esas medidas, y así poder apurar los anuncios para antes de los comicios legislativos. Desde el ámbito sindical, las principales quejas se orientaron al efecto del nuevo régimen simplificado para micropymes sobre los aportes a las obras sociales administradas. Al respecto, fuentes de la cartera laboral aseguraron que el esquema garantiza el actual nivel de aportes del 9% a las prestadoras administradas por los gremios. “No se afectan los derechos de los trabajadores que mantendrán sus actuales prestaciones en materia de seguridad social” , indicaron desde Trabajo.
El nuevo régimen de pago único beneficiará a todas las microempresas que posean entre 3 y 5 empleados, estén o no registrados, y el acceso estará limitado por el nivel de facturación de la firma y por un tope salarial de $ 6000, equivalente al valor de 1,8 salarios mínimo, vital y móvil. El límite de facturación es uno de los ejes de la discusión con el sector empresario, junto con el futuro registro de empleadores infractores o veraz laboral, con el cual el Gobierno se propone aumentar la
sanción para aquellas firmas que reincidan en la contratación de personal en forma irregular y a la par potenciar la condena social como forma de disuasión del fraude laboral. Según la propuesta oficial, al registro serán incorporados los empleadores sancionados por infracciones vinculadas a situaciones de informalidad o empleo infantil, quienes permanecerán inhabilitados para operar o acceder a cualquier tipo de beneficio fiscal hasta que regularicen la situación y paguen las multas adeudadas.
El Gobierno apuró las negociaciones para definir el paquete de medidas después de que los últimos datos oficiales difundidos por el Indec a mediados de septiembre marcaron un nuevo repunte en los niveles de informalidad laboral, que al culminar el segundo trimestre del año alcanzaba al 34,5% de los asalariados, exactamente el mismo nivel registrado en igual trimestre de 2012, a pesar de que durante ese período la economía experimentó un crecimiento cercano al 5%, de acuerdo con el organismo estadístico oficial. Fuente: cronista.com.ar
