Algunos pueden manifestar que es una ventaja, beneficio o suerte la de los Profesionales en Ciencias Económicas en Tucumán, ya que existe una obligación provincial que les asegura cobrar por sus labores. La ley 7.897, también conocida como de “Aranceles”, es una de las pocas en su especie en toda Argentina. Regula lo que debería pagarse por los trabajos de incumbencia profesional, pero que tiene un especial tratamiento en la regulación de honorarios para quienes participan activamente como auxiliares de la justicia: los peritos.
Todos los años, los matriculados del CGCET se inscriben en el registro que el Poder Judicial habilita para acceder a sorteos. Luego, le son encomendadas tareas para que, con honestidad y diligencia, ayuden a los jueces a tomar decisiones sobre los casos que deben resolver con justicia.
“Estamos preocupados. Recibimos constantes reclamos, no solo de que no se respetan las valoraciones que entendemos se deberían aplicar, sino lo que puede ser peor: causas archivadas con nuestras labores impagas o solucionadas con convenios de los que quedamos sin regulaciones”, indican desde la Comisión de Aranceles del Colegio.
Por otra parte, indican desde la Comisión que ejecutar honorarios conlleva la necesaria representación letrada, lo que suma un gasto más para el perito. Iniciar un trámite puede ser más costoso que la recompensa que se espera obtener con la cobranza. También explican que los pedidos de actualización corren la misma suerte y que al final, la suma tiende a cero para trabajos que rozan la gratuidad.
“Hay cambios que a futuro traerán mejoras significativas a la experiencia de los procesos judiciales (digitalización y audiencias, entre otros). Pero los problemas de hoy son los mismos que del pasado. Estamos esperanzados en que pronto obtengamos avances, lograr el respeto por la profesión. Deben asegurarse regulaciones dignas y conseguir que las actuaciones se archiven cuando todos los intervinientes reciban su justo pago”, comentaron desde la Comisión de Aranceles.
