03 DIC 2014 Fuertes críticas de políticos y familiares de víctimas recibió el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que anteayer reivindicó los derechos laborales totales para los detenidos que trabajan en las cárceles. En esa sentencia se estableció que, al igual que cualquier ciudadano fuera de la cárcel, no sólo pueden reclamar un salario digno por su trabajo en prisión, sino que además deben recibir el pago de aguinaldo, vacaciones y posibilidad de asociación gremial, entre otros beneficios que se gozan en el mercado formal de empleo.
“Mientras se garantiza el derecho de los presos a tener un sueldo se le quita un ingreso a la gente con [el impuesto a las] ganancias”, expresó Sergio Massa, diputado nacional y líder del Frente Renovador.
Casación hizo lugar a un hábeas corpus colectivo iniciado por la Defensa Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación, que pidieron que se equiparen los derechos laborales de los reclusos con los que fundan las condiciones del trabajo libre. “Igual remuneración por igual tarea”, fue el fundamento de la resolución de la Sala II, compuesta por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Pedro David.
Viviam Perrone, integrante de la agrupación Madres del Dolor y que perdió a su hijo de 14 años atropellado por un auto en Olivos, expresó su desacuerdo con la ampliación de los beneficios a presos: “No pueden tener iguales derechos que los que tenemos nosotros porque ellos eligieron perderlos”.
Alberto Lebbos, ex subsecretario de la Juventud de Tucumán, que aún reclama justicia por el asesinato de su hija Paulina, se pronunció a través de su cuenta en Twitter: “Que les paguen y luego les embarguen para indemnizar a las víctimas de sus delitos”. Según el artículo 121 de la ley de ejecución penal, el 10% de la remuneración de los reclusos, una vez deducidos los aportes a la seguridad social, están destinados a indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito cometido por el condenado.
Irónico fue Gerardo Milman, presidente del partido GEN en Buenos Aires: “Esta idea puede significar que se busque garantizarles a los presos vacaciones pagas en los hoteles que administra Hotesur. Así caeríamos en la locura de que el Servicio Penitenciario Federal contrate a las empresas de la familia Kirchner”.
En cambio, el procurador penitenciario Francisco Mugnolo dijo a Cadena 3: “El preso que trabaja debe tener todas las garantías de un trabajador en blanco y también realizar los aportes y las retenciones. Aquí el empleador es el Estado y debe cumplir con las obligaciones que le demanda el derecho laboral. Es una paradoja, pero por lo menos el Estado intenta cumplir con una responsabilidad que tiene”. Precisó Mugnolo que un detenido que trabaja ocho horas percibe unos 4400 pesos.
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