La obligación de aceptar pagos con tarjeta de débito o medios electrónicos ya rige para todos los comercios y prestadores de servicios, entre ellos, profesionales de diversas disciplinas que –por ahora– se resisten firmemente a ser encuadrados en esta nueva exigencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
Los graduados universitarios consideran que su trabajo es “a medida”, que no se asemeja a la actividad que desarrolla un comercio tradicional, y que los servicios que prestan están lejos de ser considerados de “consumo masivo”.
Así, las terminales tipo POS –o cualquier otro medio de cobro electrónico– siguen siendo una rareza entre arquitectos, psicólogos, médicos, abogados, contadores, etcétera. La mayoría trabaja con cobros en efectivo (o pagos diferidos, como cheques o transferencias bancarias) aun cuando lo hacen dentro del mercado formal, ya que casi todos facturan por los servicios prestados.
Problemas de interpretación
A pesar de esa confirmación desde el organismo recaudador, las entidades profesionales siguen rechazando que sus actividades estén alcanzadas por la normativa.
Sergio Rang, secretario gremial de la Confederación General de Profesionales, aseguró que la negativa a la obligatoriedad del uso del POS responde, entre otros motivos, a que no consideran a los servicios que ofrecen como de “consumo masivo”, como por caso, el que brinda un espacio de entretenimiento o un medio de transporte.
“Los nuestros son servicios personalizados. Los psicólogos, por ejemplo, atienden a una persona, y el trabajo que hacen es exclusivo para ese paciente. No le sirve a otro”, explicó. “Hay una heterogeneidad entre los profesionales que hace muy difícil establecer una reglamentación acorde para todos”, agregó, y aclaró que la postura de los profesionales no está en contra del uso de las terminales de pago, sino de su obligatoriedad.
La polémica no es nueva. Distintas instituciones que nuclean a los profesionales ya habían planteado su rechazo apenas se había conocido la obligación.
Por eso, el año pasado, la Afip tuvo que emitir una circular (la 1-E/2017) para aclarar que las ventas de consumo masivo “son aquellas efectuadas con sujetos que –respecto de dichas operaciones– revistan el carácter de consumidores finales”.
Reticentes. Los profesionales de distintas disciplinas en Córdoba entienden que la obligatoriedad de aceptar pagos con débito con los alcanza. (La Voz)
Otro costo
Los profesionales aseguran que no están en contra de la formalidad. “Yo soy ingeniero agrónomo y tengo 10 o 15 productores a los que les facturo mi servicio y ellos me pagan con cheques o efectivo. Nunca me van a pedir pagar con tarjeta”, ejemplificó Rang.
“El billete es de curso legal. No hay nada de malo en cobrar en efectivo”, dijo. “La obligatoriedad del POS no resuelve el problema que dicen querer resolver. Es una complicación para algunos porque es una carga, un costo, que en muchos casos no se usaría”, señaló el secretario de la Confederación de Profesionales.
“No tenemos vocación evasora. El pedido va por otro lado. Es porque esto suma un costo más, que ni siquiera va al Estado, como para que podamos pensar que va a llegar a la sociedad, sino que va a los bancos”, dijo Rang.
En ese sentido, José Simonella, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE), dijo que la medida sirve más “para demostrar que la Afip avanza con el blanqueo, que para una utilidad para los consumidores”, siempre hablando del uso en el mercado profesional, y no en el comercio.
“Cada entidad bancaria ha visto en esto una oportunidad y ofrece los medios alternativos de pago como una oportunidad de venta”, consideró. “Es loable que la economía tienda a formalizarse, pero el tema no está vinculado a que se acepte o no débito, sino a los problemas de una economía altamente informal, consecuencia de la fuerte presión tributaria. Los profesionales no somos el problema, sino el comercio en general. En lugares turísticos, es común abrir la carta de un restaurante y ver que no recibe tarjetas”, indicó.
Para Simonella, los contadores venden sus servicios a empresas, y no a consumidores finales, por lo que no están alcanzados por la normativa de Afip.
En un sentido similar, desde la Federación de Bioquímicos de Córdoba, su titular, Carlos Navarro, dijo que la mayoría de los profesionales del sector facturan casi todo su trabajo a través de obras sociales, sin manejar dinero.
“Por ello, es muy raro que un bioquímico trabaje con tarjeta de débito”, explicó. De todos modos, si tuviéramos que tener un POS en nuestros lugares de trabajo, estaríamos en desacuerdo, por los costos que ello implicaría, justo cuando los aranceles que cobramos están muy desactualizados.
Desde el Colegio de Odontólogos de Córdoba, su presidente, José Érmoli, dijo que no se puede tomar al profesional como un “producto de consumo masivo”. “Nos encuadran en un marco regulatorio que es el comercial y que no nos compete. Nosotros prestamos otro tipo de servicio”, se quejó, al tiempo que aseguró que la resolución de la Afip se contrapone con otras legislaciones vigentes en materia tributaria.
“En Córdoba, hay algunos odontólogos que reciben débito, pero son los menos. La mayoría se maneja con obras sociales”, explicó Érmoli, y dijo que el área legal del colegio profesional que preside estudia por estos días un modelo de descargo común para que los odontólogos presenten ante una eventual inspección de la Afip.
Esta noche, la Comisión Directiva de la Federación de Profesionales de Córdoba (Fepuc) se reunirá para analizar el tema y para emitir un comunicado en conjunto.
Qué dice la resolución 3997-E de la Afip
La adhesión es obligatoria, pero también hay beneficios.
Para quiénes. La resolución de la Afip alcanza a todos aquellos que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles presten servicios para consumo final.
Exceptuados. Sólo quedan al margen de esta imposición los comercios de localidades de menos de 1.000 habitantes y las operaciones menores a 10 pesos.
Plazos vencidos. El cronograma de obligatoriedad comenzó en abril de 2017 y finalizó el pasado 31 de marzo.
Sanciones. Quienes incumplan esta normativa pueden recibir multas de entre $ 300 y $ 30.000, y clausuras de entre 3 y 10 días.
Denuncia. Los consumidores pueden denunciar a los comercios y prestadores de servicio que no acepten pago con tarjetas.
Carteles. Los comercios deben exhibir ahora un cartel que indique los medios de pago que aceptan.
Beneficios. Los comercios acceden a bonificaciones temporales en el costo de las terminales POS. La Afip también retendrá menos IVA y Ganancias. Y se reducirán las comisiones.
