Todos los meses la historia se repite. Gustavo Lazzari se instala en su despacho del Frigorífico Cárdenas, sobre la diagonal homónima en pleno corazón de Mataderos, abre el sobre y se dedica a leer las 11 páginas de su resumen bancario. De tan acostumbrado, ya no se sorprende de que apenas tres de esas páginas correspondan a sus operaciones y que las ocho restantes estén dedicadas a impuestos de todo tipo.
“Cuando ves los rengloncitos, Dios mío… Ocho carillas con detalles del impuesto al cheque, IVA y las percepciones que a cada provincia se le antoja retenerte. Sí, está bien, después lo recuperás, pero es plata que le adelantás gratis al fisco. ¡Y a mí los clientes no me adelantan plata gratis!” El monólogo de Lazzari hace recordar a su madre, Ángela María Palermo, más conocida como Lita de Lazzari. Pero Gustavo no necesita que nadie le grite “¡Camine!” para relatar las peripecias impositivas de un productor de chacinados.
En un universo de pequeñas y medianas empresas caracterizado por la fragmentación, la oposición a la estructura impositiva parece ser la prenda de unidad. Y entre todos los tributos de las tres jurisdicciones, hay uno que concentra el grueso de las críticas. Es el impuesto sobre los Ingresos Brutos. O como lo caracterizara hace ya un cuarto de siglo el ex presidente de la UIA, Israel Mahler, “el más bruto de los impuestos”, porque se aplica en todas las etapas de la cadena de producción y comercialización. Y como, a diferencia del Impuesto al Valor Agerado (IVA), no se lo puede computar como crédito fiscal, los porcentajes se acumulan y terminan representando un incremento de costos que en algunos casos puede superar el 10%.
Que el impuesto ya fuera tema de preocupación de Mahler hace 25 años es una muestra cabal de cómo en la Argentina la basura se acumula debajo de la alfombra. Sin ir más lejos, el reciente Pacto Fiscal dispone una rebaja gradual que ya se había acordado en otro pacto de 1993 aunque, desde entonces, la alícuota no hizo más que subir. Lazzari lo sabe y lo dice: “Para esta reforma, lo de Ingresos Brutos es solo una promesa: ‘Voy a ver si en cuatro años lo bajo’. Eso no pasó nunca”.
De todos modos, las pymes consultadas se manifestaron a favor del acuerdo entre la Nación y las provincias para reducir gradual y selectivamente las alícuotas de Ingresos Brutos en un lapso de cinco años. Resignado, un dirigente del rubro del Calzado sintetizó su parecer argumentando: “Entre nada y algo, me quedo con algo”.
No obstante, a 1300 kilómetros de distancia, el salteño Rubén Barrios cuenta con motivos adicionales para quejarse. Es que el gobierno provincial, a contramano de otros pares y del discurso oficial, dispuso un aumento generalizado de las alícuotas de Ingresos Brutos y todos los impuestos de la jurisdicción.
Al aumentar la Unidad Tributaria de 0,25 a 2,5, se abrió la posibilidad de decuplicar el peso de los gravámenes. Según Barrios, la administración de José Urtubey aprovechó la ambigüedad de la propuesta de una rebaja gradual de Ingresos Brutos en cinco años para aumentarlo. “El pacto fiscal fija un techo de Ingresos Brutos del 5%. Hay provincias que lo han bajado, pero en Salta se lo subió. Era del 3,6 y lo subirán al 5%”, indica.
Al frente de Balodín, una juguetería con 26 empleados, Barrios ve venir “nubarrones en el horizonte, con una contracción de nuestra actividad: la gente va a tener que pagar más por el impuesto inmobiliario, por Ingresos Brutos y van a tener menos disponible para el consumo”.
De paso, Barrios incorpora al debate las consecuencias de la “manta corta” de un federalismo fiscal tan particular como el argentino. Asegura que el Gobierno salteño aumentó la carga impositiva provincial al aducir que iba a perder ingresos con la reforma impositiva nacional.
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Un lista que no termina
Fernando de Vito nació en 1968, el mismo año en que su padre José fundó en Villa (hoy Ciudad) Madero Calzados Ferli, una pyme que cuenta en la actualidad con 135 empleados. No tiene dudas en calificar a Ingresos Brutos como “el impuesto más gravoso” y prefiere denominar “piramidación” a lo que la mayoría identifica como “efecto cascada”. “Es impuesto sobre impuesto. Un zapato tiene 21 insumos: cuero, telas, contrafuertes, plantillas, suela, material de puntera, etc. Ingresos Brutos incide en toda la cadena de valor y en todos los componentes, porque para atrás también se paga. Todos nuestros proveedores pagan una tasa del 1,75% que se sobrepone a la nuestra”, enumera en una lista que no se acaba, ya que “Las anilinas que van en el cuero son importadas y también pagan”.
Así y todo, Ingresos Brutos no es el único tributo. Cada par de zapatos elaborado en la formalidad tiene una carga impositiva que De Vito estima en un 54 por ciento del precio de venta al público.
Pero además del costo fiscal, Ingresos Brutos representa un engorro administrativo: “las empresas somos agentes de recaudación del Gobierno, tenemos que cobrarle percepciones a nuestros clientes y retenciones a los proveedores, como si fuésemos una oficina de ARBA (Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires)”, protesta.
De Vito denuncia: “Eso nos quita competitividad y nos ahoga financieramente, porque la percepción se le hace al cliente cuando factura, pero la paga a 120 días, mientras que a ARBA se la tenemos que abonar a los 15 días. Y cuidado con equivocarse, porque ARBA nos cae con toda la ley”.
El riesgo de un error no es una cuestión abstracta: “Todos los meses tenemos que actualizar el padrón, porque las alícuotas de los clientes cambian. Hay que meterse en Internet y revisar CUIT por CUIT de los clientes para ver qué tasa le asignó ARBA. Y, si por error les cobramos de menos, hay que pagar la diferencia al ente recaudador”.
Lazzari concuerda en ese punto con De Vito: “No es justo que las provincias nos obliguen a ser agentes de recaudación, nos tendrían que remunerar y hacerse cargo del costo financiero por hacerles su trabajo”. Pero el problema no es solo bonaerense, a juzgar por lo que cuenta Alejandro Arias, titular de Lesotho, la pyme que fabrica Advanced, la marca de indumentaria para bebés y niños con 28 locales, de los que 22 se operan a través de franquicias.
Lazzari dice: “Para esta reforma, lo de Ingresos Brutos es solo una promesa”
En su taller de Echeverría y Pacheco, a metros de un Parque Chas que simboliza el laberinto impositivo del que los porteños tampoco se salvan, Arias comenta sus complicaciones: “Couando a un franquiciado le tenemos que explicar todos los impuestos que tiene que pagar, el tipo sale corriendo. Tenemos retenciones en ventas de tarjeta de IVA del 2,7%, de Ingresos Brutos, 1,2% en débitos y créditos, retenciones de Ganancias en tarjeta”.
Asimismo, explica: “Como en Ingresos Brutos tenemos saldo a favor, estamos financiado las arcas de la ciudad y las provincias”. Por si fuera poco, en cada contrato con una nueva franquicia, existe una cláusula por si se crean nuevos impuestos.
“Y sí, uno no sabe qué va a pasar el día de mañana y tiene que andar con esas precauciones. Eso no es previsible y la previsibilidad es el primer punto para hacer un negocio”, aclara.
Lazzari añade otro elemento. Además del efecto cascada, el nivel de las alícuotas y los mecanismos de percepción y liquidación, Ingresos Brutos se cobra en cada una de las provincias intervinientes y hasta no intervinientes. “Yo le vendo a un cliente en Córdoba, pero si tiene una sede en Misiones, también me retiene Misiones, aunque nunca haya pisado esa provincia”, señala, y agrega otro ejemplo: “Si un camión mío va a buscar mercadería a Santa Fe pero pasa por Entre Ríos y carga nafta o me llama por teléfono, me retiene en el banco el fisco entrerriano”.
Costo e inflación
“Lo más grave es que las alícuotas son variables según la provincia -continúa Lazzari-, por lo tanto, el contador de una empresa nunca va a poder declarar bien Ingresos Brutos. Es imposible, no lo puede hacer ni un técnico M.I.T. (Instituto Tecnológico de Massachusetts), ni un premio Nobel de Economía”.
Para el titular del Frigorífico Cárdenas, además de la carga impositiva, “es una locura” el concepto de Ingresos Brutos. “No es correcto que una provincia donde no vendiste te rompa el alma con un impuesto. La liquidación es complejísima, lo que te lleva a errores, los errores a multas y las multas a quebrantos”, se explaya.
Si, entre los tributos provinciales, Ingresos Brutos encabeza el listado de críticas, el impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios o al Cheque, creado en 2001 de manera “provisoria” y 16 años después nuevamente prorrogado, lidera el ránking de quejas entre los nacionales. La Ley Pyme de 2016 les permitió a las empresas de esa franja tomarlo a cuenta de Ganancias, pero todos los entrevistados señalan dos falencias en el esquema: primero, si en un ejercicio no hay ganancia, obviamente no hay deducción posible; segundo Ganancias es un impuesto de liquidación anual y no mensual, como lo es el impuesto al cheque.
“Lo mejor sería que fuera a cuenta del IVA todos los meses, así nos evitamos el costo financiero”, dice De Vito. Y explica en qué consiste ese costo en un país con una inflación de dos dígitos: “El que cierra el ejercicio el 31 de diciembre presenta la declaración jurada de Ganancias en abril, o sea, que el impuesto retenido en enero recién se lo va a poder tomar a cuenta en abril del otro año, un año y cuatro meses sin actualización”. Lazzari lo resume con otro ejemplo: “Tenés un año de ponerle plata al fisco gratis” y plantea: “El Impuesto al Cheque es nefasto, porque si se quiere formalizar el sector de chacinados, es un impuesto que incentiva a evadir”
Gravámenes que no son
En el ordenamiento jurídico argentino, solamente la Nación y las provincias tienen la facultad de establecer y recaudar impuestos. A los municipios, el tercer eslabón de la cadena, les queda la posibilidad de fijar tasas y contribuciones. Entre ellos existe una diferencia conceptual. Las tasas y contribuciones se aplican contra una prestación específica (por ejemplo, la recolección de residuos o el alumbrado público), relación que no se aplica en el caso de los impuestos, aplicados sobre negocios, actos o hechos vinculados a la capacidad económica del contribuyente.
No obstante, esa distinción es puramente teórica para un empresario pyme, porque a la hora de pagar todos constituyen un costo tributario. Y para una empresa con actividad productiva o comercial en más de un municipio, la variedad de tasas, sus diferentes alícuotas y, en muchos casos, la inexistencia de la prestación del servicio representa un perjuicio desde el punto de vista financiero y administrativo.
Alberto Sellaro es propietario de Tresell Group, una fábrica de calzado de Ciudad Madero que, con una dotación de 37 empleados, comercializa la marca Fuel Zapatos. Se pone a hacer cuentas sobre lo que tiene que pagarle al partido de La Matanza por Seguridad e Higiene, del 7 por mil de la facturación. “A partir del mínimo no imponible de $ 800.000 (anuales) de facturación se pagan $ 5600. Pero si facturo $ 3 millones pago $ 21.000 más los $ 5600”.
Al lado de La Matanza está el partido de Tres de Febrero, donde está la metalúrgica Taller Baigorria. Su titular, Aldo Lo Russo, hace frente a una alícuota del 6 por mil por Seguridad e Higiene, pero agrega: “Para mandar mercadería de un partido a otro, el transporte tiene que pagar otra tasa que, en definitiva, se integra al costo final”. Unas cuadras más al este, Norberto Fermani, de LGI cuestiona, desde el partido de San Martín, que las tasas y contribuciones son “totalmente alocadas e injustificadas” y esto se lo atribuye a que “las empresas terminan pagando todos los servicios por fuera, y los municipios se valen de ellas para financiarse, sin dar la correspondiente contraprestación”.
Con sede en la ciudad de Buenos Aires, pero actividad en diferentes municipios de la provincia, Alejandro Arias señala que en algunos partidos la tasa llega al 1%. Al igual que el caso anterior, se queja: “Uno declara sus ventas y paga por una seguridad y una higiene que no existen”. Desde Berazategui, Daniel Rosato, con actividades en los rubros papelero y metalúrgico, advierte sobre la brecha en las alícuotas entre los diferentes municipios, que van del 0,5 al 1,2%. Por todo esto propone: “Un acuerdo para que bajen las tasas que superan el 1% y que se subsidie a las empresas en crisis”. Cinco jurisdicciones y un mismo reclamo. Tan solo una pequeña muestra en una Argentina con 2164 municipios.
por MARCELO BÁTIZ
