16-OCT-2013 Preocupado por los problemas de caja y las dificultades para hacer frente al costo de la importación de energía , el Gobierno analiza volver a encarar tras las elecciones de octubre la antipática tarea de reducir subsidios a los consumidores de luz y gas, una iniciativa que dejó inconclusa en sus últimos dos intentos.
El tema comenzó a debatirse en los últimos días en la comisión que fiscaliza las inversiones en hidrocarburos, liderada por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y de la que también participan los secretarios de Energía, Daniel Cameron, y de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Se trata del órgano que más pesa a la hora de definir cuestiones vinculadas con la energía en general, más allá del petróleo y del gas.
Una fuente oficial al tanto de las discusiones y con acceso frecuente a ese cónclave, que pidió reserva de su nombre, lo puso en estos términos, en diálogo con LA NACION: “Después de octubre hay que retomar el debate por la quita de subsidios”. Tanto en el Ministerio de Planificación, que conduce Julio De Vido, como en el de Economía, circulan estudios sobre la composición de los subsidios.
Uno de esos trabajos, que será presentado a la comisión luego de las elecciones para su debate, indica que el Estado gastará este año entre 12.000 y 15.000 millones de pesos en subsidios al gas y la electricidad para sectores de alto poder adquisitivo.
“Esa cantidad se podría recortar sin afectar la demanda y, por lo tanto, la economía”, completó el funcionario. No se trató de una aclaración ingenua.
Hasta ahora, los puntales del kirchnerismo que defienden la política de subsidios sostienen que está en línea con la intención de mantener cargados los bolsillos de los consumidores para que vuelquen sus ingresos al mercado interno. De acuerdo con el estudio que circula en despachos oficiales, el recorte previsto a los sectores de mayor poder adquisitivo que no entraron en los recortes hechos hasta ahora no afectaría la economía.
Desde 2009, el peso de los subsidios se constituyó en un lastre muy pesado para una economía que dejó de transitar las aguas calmas de los años anteriores. En 2012, el último año del que hay registros completos, el Gobierno destinó $ 61.896 millones a subvencionar el consumo de gas y electricidad.
El número es enorme. Representa un 85% del superávit de la balanza comercial del año pasado (US$ 12.419 millones al dólar oficial, de $ 5,85), un ítem que Moreno defiende con ahínco mediante las restricciones a las importaciones y el reclamo constante a empresarios para que produzcan más en el país.
La cifra del año pasado, además, muestra un aumento sensible. Es, por ejemplo, casi cuatro veces mayor que los $ 15.944,1 millones que se destinaron al mismo rubro en 2009, según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
La mayor parte se destinó a dos empresas: Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico, que en los papeles es mixta, pero en la práctica está bajo el control del Gobierno, y Enarsa , la compañía estatal de energía. Ambas se encargan de comprar gas a Bolivia, que llega por barco, y combustibles líquidos, como gasoil y fuel oil, para reemplazar la menor producción local en las usinas eléctricas.
Se trata, en todos los casos, de ítems que están contemplados en las facturas, pero que en la mayoría de los casos no se pagan. La boleta correspondiente a septiembre de María Gracia, una jubilada de 76 años que vive en Caballito, indica que debió haber pagado más de 380 pesos por el servicio eléctrico. Pero el ítem denominado Subsidio al Consumo, resaltado en anaranjado por orden del Gobierno, le bonifica $ 297, casi el 80% de sus obligación. Algo similar ocurre en el caso del gas.
/ fuente lanacion.com.ar
