La ley de acceso a la información pública y el financiamiento político en deuda
Otra provincia da el paso que Tucumán se niega a dar: La semana pasada la provincia de Mendoza avanzó en la reglamentación de la ley de acceso a la información pública. Algo impensado en estas tierras fue lo que sucedió en la provincia cuyana, cuando dos referentes de partidos políticos opuestos se pusieron de acuerdo y posibilitaron el avance de la ley. Básicamente la normativa redactada por los senadores Daniela García (UCR) y Ernesto Mancinelli (Libres del Sur) regula los mecanismos de acceso de cualquier persona a la información pública, considerada como “toda constancia producida por el Estado en cualquier formato cuya producción haya sido emanada o financiada por el Estado cuya finalidad sea el interés público”.
Esto incluye no solamente información respecto al trabajo diario de cada organismo (ya sea un ministerio del Poder Ejecutivo o del propio Tribunal de Cuentas, por ejemplo) sino también en ámbitos económicos, presupuestarios y estadísticos; como acceso a contratos realizados, licitaciones (con importes), adjudicaciones, convenios, subvenciones e informes de auditorías, entre otros.
Tucumán otra vez va quedando fuera de lo que a nivel nacional ya es una constante y algo que en países desarrollados sería visto como una aberración no tener.
Pero el acceso a la información pública va de la mano de algo también muy importante y que, cada cuatro años, cobra relevancia: el financiamiento de los partidos políticos. Recientemente el presidente de la Fundación Red de Acción Política (RAP), Alan Clutterbuck, difundió durante un encuentro llevado a cabo en la Casa Rosada los puntos básicos de un documento elaborado por el llamado Grupo Transparencia e Integridad (GIT). Entre ellos se encuentra la necesidad de bancarizar los aportes a las fuerzas políticas en las campañas proselitistas, la extensión del plazo de duración de las campañas, la posibilidad de que personas jurídicas puedan efectuar aportes limitados a determinados montos máximos y la aplicación de sanciones reales cuando se adviertan irregularidades.
A pesar de que en nuestra provincia hay coincidencia entre los partidos políticos de que debe existir un marco regulatorio y de que es necesario un reparto equitativo de los espacios de publicidad, algo que sucede a nivel nacional, nadie da el puntapié inicial para poder llevar esos cambios al campo de la realidad más allá de proyectos y de presentaciones que parecen no ser tomadas con la seriedad que merecen y que solo generan chicanas entre los participantes de los debates.
Cualquier norma que se apruebe deberá garantizar plenamente el acceso a la información sobre los aportes a las fuerzas políticas y sus candidatos. El ocultamiento del origen y el destino de los fondos debe ser desterrado de nuestro sistema político. Las regulaciones deberían alcanzar también a las fundaciones vinculadas con sectores políticos, que en no pocas ocasiones son utilizadas como pantallas por los dirigentes para financiar sus actividades o para engrosar sus bolsillos.
El CGCET presentó oportunamente un trabajo en el marco del ciclo “Tucumán Dialoga”
Ya desde aquel momento desde nuestra institución se advertía acerca de que “Se debe examinar el sistema de financiamiento de partidos políticos no solo en función de los objetivos deseados sobre el sistema político y el de partidos, sino también buscando el mayor grado de eficacia de las normas, evitando caer en el error de llevar a cabo evaluaciones en abstracto y basadas en modelos ideales. Toda reforma al sistema de financiación debe ser parte integral de una reforma política electoral en su conjunto, pues sus consecuencias afectan a aspectos esenciales como la competencia entre partidos, el sistema de partidos y consecuentemente la propia credibilidad y legitimidad de la democracia misma”.
