09 MAYO 2016.- alto funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) declaró ante la Justicia que ese organismo tributario y la Casa Rosada impulsaron durante los últimos años del kirchnerismo múltiples medidas dirigidas a proteger a Lázaro Báez, evitarle problemas penales e impedir que el fisco nacional le cobrara miles de millones de pesos.
El testimonio judicial de Jaime Mecikovsky, quien llegó a ocupar uno de los puestos más altos dentro de la AFIP hasta que lo desplazaron junto con otros funcionarios por investigar al poder, fue acompañado por copias de resoluciones internas de la AFIP, memorandos e incluso correos electrónicos impresos que confirmaban sus dichos.
En ellos quedan mencionados como supuestos partícipes de las maniobras la ex presidenta Cristina Kirchner -siempre nombrada como “la Señora”-, el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, entre otros.
La declaración de Mecikovsky ocurrió en sintonía con la decisión del nuevo titular de la AFIP, Alberto Abad, de investigar lo ocurrido dentro del organismo durante los últimos años. Esto es, abrir sumarios internos, radicar denuncias penales y enfrentar a otro empresario kirchnerista, Cristóbal López, por su deuda fiscal de $ 8000 millones.
Mecikovsky declaró esta semana ante el juez federal Sebastián Casanello en la causa sobre la ruta del dinero K, donde también presentó un escrito.
A lo largo de 95 carillas, describió que la protección oficial que recibió Báez no sólo provocó su desplazamiento y el de otros sabuesos de la AFIP que lo investigaban, sino que también implicó reformas de la normativa del organismo para beneficiar al presunto testaferro de los Kirchner, o incluso, la sanción de la ley 26.476 de moratoria y blanqueo del Congreso, mientras Claudio Moroni se encontraba al frente de la AFIP.
“Moroni fue un entusiasta impulsor del blanqueo de 2009 que se dictó para limpiar los casos vinculados a Lázaro Báez”, afirmó Mecikovsky en su declaración testimonial, cuya copia obtuvo LA NACION.
Mecikovsky confirmó incluso que tanto él como otros funcionarios fueron desplazados de sus cargos por investigar a Báez. Entre otros, el entonces titular de la DGI, Horacio Castagnola, y el jefe de la Regional Comodoro Rivadavia -con jurisdicción sobre Río Gallegos-, Norman Williams, así como también Juan Carlos Santos y Carlos Bo, entre otros. Sólo tras el regreso de Abad, volvieron a funciones ejecutivas. En su caso, otra vez como subdirector general de Operaciones Impositivas de Interior.
Volcada en la causa que instruye Casanello, la declaración de Mecikovsky también aporta datos a otras investigaciones. Entre ellas, la pesquisa del juez Julián Ercolini sobre la actuación de Ricardo Echegaray, hoy al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN), mientras López acumulaba impuestos impagos por unos $ 8000 millones.
Mecikovsky detalló presuntas irregularidades en las que habrían participado el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich, el ministro de Planificación Federal Julio de Vido y varios funcionarios de la AFIP. Entre ellos, Moroni, Echegaray, el entonces director de la DGI, Rubén Toninelli -quien invocaba órdenes de la entonces presidenta Cristina Kirchner, a la que aludía como “la Señora”-, y Carlos Sánchez, su reemplazo como subdirector general de Operaciones Impositivas de Interior.
El alto funcionario de la AFIP también relató el rol que asumió durante los últimos años el hijo del director de la DGI, Federico Toninelli. Según Mecikovsky, se interesó como abogado -e invocó el nombre de su padre- por diversos proveedores de facturas de Skanska y por Badial, una de las constructoras de Báez.
Según el sabueso que testificó ante la Justicia, Báez tampoco fue el único empresario kirchnerista con llegada directa a la cúspide de la AFIP. Relató que el socio de Cristóbal López, Fabián De Sousa, se reunió con el entonces jefe de la agencia de la AFIP en Trelew, Carlos Leturia, para ofrecerle el cargo de director de la Regional en Comodoro Rivadavia, en reemplazo de Norman Williams, quien no cedía a las presiones y terminaría por caer.
Consciente de que su declaración será cuestionada por los ex funcionarios contra los que testificó, Mecikovsky reforzó su presentación con un amplio volumen de información, que incluyó resoluciones internas de la AFIP y correos electrónicos.
Entre ellos se encuentra el mail que el entonces jefe de la División Investigaciones en Comodoro, Gustavo Uria, envió a sus superiores para informarles sobre el ofrecimiento de De Sousa y otro ejecutivo del Grupo Indalo, Raúl Esteban Zamora.
Mecikovsky también invocó los nombres de diferentes testigos que podrían confirmar sus declaraciones. Entre otros, Castagnola, el entonces titular de la DGI que tras años de ostracismo volvió en diciembre pasado. O la entonces directora regional en Tucumán, que asistió con ellos a un almuerzo en que el entonces gobernador José Alperovich les anticipó, un año antes de que se anunciara, que el kirchnerismo impulsaría un blanqueo “para «limpiarle» los problemas generados por la inspección a Gotti SA”, otra de las constructoras de Báez.
Mecikovsky aportó detalles sobre otros episodios concretos. Entre ellos, los siguientes:
– “En el caso Juan Felipe Gancedo SA [otra de las constructoras de Báez] se cambió la histórica jurisprudencia interna de la AFIP y de la DGI con un dictamen que equiparaba el servicio de movimiento de suelos a la compra de bienes”, declaró. Esa decisión, “le ahorró al grupo de Báez cientos de millones de pesos en el blanqueo y moratoria dispuestos por la ley 26.476, que a su vez le habían ahorrado miles de millones de pesos y causas penales agravadas que habrían dado en cárcel con el recientemente procesado [por presunto lavado] y su grupo”.
– Uno de los destinos de la facturación trucha por cientos de millones de pesos que acumuló Gotti Hermanos, otra de las constructoras de Báez, era el presunto pago de “coimas”.
– La protección a Báez dentro de la AFIP se concretó desde el más alto nivel del organismo. “Uno de los sujetos que participó activamente de la ejecución de esta «protección y abaratamiento de costos» desde el Estado hacia el grupo de Lázaro Báez fue Carlos Sánchez, cuya esposa actuaba, como mínimo, como asesora de Jorge Capitanich”, relató.
– El organismo también adulteró los datos que le entregó al Tribunal Fiscal para beneficiar a Badial, otra de las constructoras de Báez. “Sánchez, quien dependía directamente de Ángel Toninelli, aunque reportaba en realidad a Jorge Capitanich, falseó también una respuesta al Tribunal Fiscal de la Nación para favorecer a la empresa”.
– Mecikovsky también detalló nombramientos dentro de la AFIP que serían cuestionables, como el de una abogada muy cercana a Báez que no se presentaba jamás a trabajar, salvo cuando la habría sido convocada a manipular las bases de datos del organismo y borrar información.
Fuente: /LANACION.COM.AR
