16-ENE-2014 Las primeras paritarias dejan en claro que quedó prácticamente “knock out” el intento de moderar incrementos usando como argumento el acuerdo de precios y el nuevo índice INDEC. El contexto luce difícil para un Gobierno que busca un “ancla” para los precios. Lo que viene.
Como esos boxeadores que quedan groggy ya en el primer round, los funcionarios del Gobierno no logran hacer pie con su estrategia para moderar los salarios durante 2014:
*Plantearon acuerdos de larga duración y los gremios presionan para que se establezcan actualizaciones cada vez más cortas.
*Preparan un nuevo índice inflacionario con el objetivo de que se convierta en la referencia a la hora de negociar salarios, pero antes de su debut los sindicatos y los economistas ya ponen en duda su confiabilidad.
*Presentan un nuevo acuerdo de precios para crear la sensación de estabilidad en el mercado, pero en su mismo debut ya hay denuncias de escasez, acusaciones de precios inflados y vaticinios pesimistas sobre sus probabilidades de éxito.
*En el colmo del “efecto boomerang”, la iniciativa de “precios cuidados” llevó incluso a que algunos dirigentes plantearan la necesidad de una revisión trimestral de los niveles salariales, dado que esa es la frecuencia con la que será ajustado el listado de la canasta.
En ese marco, lejos de ver a este nuevo acuerdo como una esperanza, la flamante lista fue interpretada por los gremios como una “señal de guerra”. En respuesta salieron a pedir aumentos salariales no menores al 30% y cláusulas gatillo para reabrir las negociaciones, en caso de dispararse la inflación.
Y esta postura sindical, claramente contradictoria con la que sostiene el ministro Axel Kicillof, no es patrimonio exclusivo de las facciones opositoras al Gobierno, como la liderada por Hugo Moyano, sino que también comprende a sectores “amigos” al oficialismo.
“Los acuerdos de precios van por un lado y las paritarias por otro. Los empresarios alimenticios pueden hacer un convenio por 120 días porque hicieron un colchón, nosotros no porque somos asalariados y queremos recuperar lo que perdimos”, advirtió a iProfesional el vocero de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), Mario Calegaris.
El gremio, que integra la CGT oficialista y negocia en estos momentos un aumento para los choferes de larga distancia, deslizó así una queja cada vez más compartida entre la dirigencia cercana al Ejecutivo: la pérdida de poder adquisitivo en 2013, ya que la mayoría cerró en promedio ajustes del 24% escalonados, cuando la inflación anual fue de entre 25% y 30%, medida por privados.
Menos diplomático, Moyano difundió la semana pasada un comunicado en el que denunció un “ajuste” y “sinceramiento brutal”. Así se refirió a las últimas medidas económicas tomadas por la Rosada, “con llamativa ausencia y silencio de la primera mandataria”, entre las cuales mencionó el “blanqueamiento de los aumentos en alimentos y desaparición del congelamiento de precios”.
Una realidad bien distinta a los planes
Lo cierto es que el panorama que se abre para las paritarias está casi en las antípodas del que Kicillof -un devoto de la planificación de todas las variables- había imaginado en noviembre, cuando asumió el cargo de ministro.
En aquel momento, gracias a la expectativa generada respecto de un cambio que corrigiera las distorsiones de la economía, todavía se podía pensar que existía la posibilidad de un plan para “bajar la nominalidad” de precios y salarios y cortar así el “efecto inercial” de la inflación.
El plan, nunca oficializado pero que trascendió, era que las paritarias del sector estatal no superasen el 20% de aumento acumulado en el año. Ello, acompañado de un acuerdo de precios y de un acercamiento del país al mercado de crédito internacional, traería la ansiada estabilidad.
Pero Kicillof vivió en carne propia un curso acelerado sobre lo duro que es manejar en la Argentina la “puja distributiva”: la huelga policial hizo trizas en pocos días cualquier iniciativa que hiciera eje sobre una moderación salarial.
Los sindicatos, que ya venían esbozando su resistencia a admitir que 2014 se presente como otro año de pérdida de poder aquisitivo, terminaron por adoptar una postura claramente demandante. Y nada hace pensar que un debut “suave” del nuevo índice inflacionario pueda cambiar la situación.
El abogado laboralista Julián De Diego califica como “desborde generalizado” el clima que se está viviendo en la antesala de los acuerdos por salarios. Plantea que el modelo de reajuste de sueldos que implementó el Gobierno en estos últimos años debe ser modificado.
“Si seguimos con los patrones de comportamiento que han observado las partes durante esta última etapa, los salarios batirán récord de ajuste, y con ello, se habrían convertido en uno de los motores de la inflación”, plantea De Diego.
Su advertencia es que no solamente existe el peligro de una espiral de precios-salarios -por los altos porcentajes exigidos por los sindicatos- sino que se están consolidando nuevas formas de indexación.
“La novedad de los bonos por inflación pedidos por algunos gremios en forma previa al comienzo de las negociaciones del 2014, o el acuerdo sobre puentes y adicionales provisorios está agregando bombas de tiempo al proceso de negociación que elevan los topes y producen efectos colaterales”, señala.
Los movimientos que se observan en estos días parecen darle la razón. La idea de varios sindicatos es sellar una cifra en marzo y luego sentarse a revisar lo pactado, para analizar si es necesario añadir un bono o gratificación.
Esta fue la lógica adoptada a fines del año pasado ante el avance de la inflación, por decena de organizaciones, incluidos los camioneros, los trabajadores del sector de alimentación y los obreros de la construcción.
“Vemos un principio de año conflictivo y es posible que se empiecen a firmar cláusulas gatillo, en tanto los índices de inflación no son previsibles”, advirtió a este medio el secretario de Acción Social de la CGT opositora, Jorge Solá.
Lejos de apaciguar la escalada inflacionaria y dar previsibilidad económica, como promete el Gobierno, los distintos sectores sindicales notan que los “precios cuidados” ahora por el equipo de Kicillof traen aumentos de hasta el 140% respecto de los fijados por Guillermo Moreno el año pasado, y que donde deberían estar disponibles es difícil encontrarlos.
Pero, sobre todo, intuyen que la reducida nómina de productos (sólo alcanza al 3% de los artículos alimenticios) apunta a generar una sensación de estabilidad temporal para luego, con ello, delimitar la discusión salarial de este año y ponerle un techo del 18%, en línea con el pedido de la UIA.
Se trata de una carrera contra el tiempo en la que el Gobierno contempla estrenar en las próximas semanas el nuevo Índice de Precios Nacional (IPC), avalado por el FMI. El mismo tendría, según advirtieron varios economistas, la “cualidad” de no reflejar el salto inflacionario de los últimos meses.
Esto es así porque los recientes incrementos -66% en el boleto de los colectivos, 6% a 10% en las naftas, 40% a 80% en los impuestos municipales como ABL, entre otros, y la “actualización” de la propia canasta oficial- serán “cargados” al viejo IPC.
Primeras paritarias con alta temperatura
En este escenario, uno de los objetivos que se fijó la Casa Rosada es cerrar las paritarias cuanto antes.
Si es posible, que algunos gremios de referencia firmen acuerdos por hasta 18 meses, si bien esto es algo que el año pasado sólo se atrevió a aceptar apenas el 1% de los sindicatos.
El gremio de los empleados bancarios liderado por Sergio Palazzo acordó la semana pasada una suma fija de $2.200 para el primer trimestre, a cuenta de la paritaria de marzo, tal como lo anticipara iProfesional. Aunque las cámaras del sector aceptaron la cifra, que representa una suba del 25%, el Ministerio de Trabajo todavía no convocó a una audiencia oficial.
La lectura que hacen dentro de La Bancaria es que las autoridades no quieren avalar una discusión trimestral, porque podría habilitar a más gremios a negociar paritarias abiertas. Por ello, aseguran, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, no homologó en su oportunidad el convenio suscrito por los representantes de los trabajadores y las entidades financieras.
La otra negociación que quedó estancada es la de los aceiteros, un sector que si bien no representa a más de 20.000 trabajadores, tiene una fuerte capacidad de presión e influye sobre otras actividades.
En los últimos días, la federación que los nuclea rechazó la oferta elevada por las cámaras de la actividad (suma puente de $1.200) y ratificó el reclamo de una mejora del 30% para el primer trimestre.
“Si no hay acuerdo, termina en conflicto”, dijo a este medio Daniel Yofra, el titular de la federación de aceiteros, que adhirió a la movilización llevada adelante el 19 de diciembre por la CTA de Pablo Micheli, en reclamo de un mínimo de 8.000 pesos.
Los choferes de larga distancia también enfrentan un panorama complicado. A fin de año, la UTA lanzó un paro y el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Los trabajadores vienen de un 2013 en el que pudieron cerrar un ajuste del 23% recién en septiembre, tras cinco días de conflicto.
“Se va a poner difícil, tenemos un sector muy duro que está enojado con el Gobierno por los subsidios”, dijo Calegaris.
En el Estado, el escenario luce aún más explosivo. Con las provincias reclamando fondos a la Nación y los recursos comprometidos a la policía, las autoridades rechazaron el pedido de un bono de fin de año así como la reapertura de paritarias que reclaman docentes y estatales.
El sindicato mayoritario de los maestros bonaerenses, el SUTEBA, reclaman un alza que eleve el piso salarial de $3.600 al menos al nivel de La Pampa o Córdoba, donde se acerca a los 5.000 pesos. Pero otros gremios del sector público sostienen que la canasta básica es de $8.300 y que “debe ser una exigencia que haya una cláusula cuando nuestros salarios estén siendo deteriorados a raíz de una inflación acelerada”.
Son recién los primeros casos de negociación en paritarias que tendrán su momento más caliente a partir de marzo.
Y como comienzo, no luce muy esperanzador para el Gobierno: con reclamos de aumentos orillando el 30% y el regreso de las cláusulas gatillo, podría ya afirmarse que el plan de Kicillof arrancó con varios “goles en contra” en su mismísimo debut.
/ fuente: iprofesional.com
