26 set 2016.- Investigar la instalación de las redes narco en la Argentina lleva inexorablemente a poner la lupa en sus conexiones con el mundo de la política. Por eso no sorprende encontrar puntos de contacto entre los personajes ligados a los carteles de la droga de Colombia y algunos referentes del poder local. Carlos Daniel Tomeo, el empresario en cuyas propiedades del lujoso country Abril la Justicia halló más de cuatro millones de pesos escondidos en cajas de cigarrillos, es uno de estos nexos.
A partir de la denuncia de la diputada Elisa Carrió que promovió los allanamientos de la semana pasada dispuestos por el juzgado federal quilmeño a cargo de Luis Armella, se hizo público el rostro de un hombre que ya aparecía vinculado a varias causas donde se investigan operaciones de narcotráfico. De hecho, Tomeo participó -de acuerdo con la consideración del fallecido juez federal de Lomas de Zamora Carlos Ferreiro Pella- de la estructura de lavado de dinero del colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, también conocido como “Nacho” o “Gran Hermano”, detenido en Buenos Aires en 2011 y extraditado a Estados Unidos a mediados de 2013.
Según una calificada fuente judicial, Tomeo era “el fronting de varios negocios de Álvarez Meyendorff y era el vínculo con varios funcionarios de las administraciones peronistas de la provincia de Buenos Aires en los últimos quince años”. Quien habría aportado varios elementos que prueban estos contactos es Ibar Esteban Pérez Corradi, en una de sus tantas declaraciones efectuadas ante la jueza María Romilda Servini. “Incluso aparece mencionado como parte de este esquema el empresario Luis “el Gallego” Álvarez, quien sería la conexión con los contenedores alojados en los depósitos fiscales aduaneros”, agregó el informante.
Detrás de la fachada de un próspero negocio de administración de campos y propiedades de la familia de Álvarez Meyendorff se ocultaba una megaestructura dedicada a lavar los activos provenientes del tráfico de drogas y precursores. Además de familiares directos de “Gran Hermano” (como su hijo Mauricio Álvarez Sarría) y el mencionado Tomeo, aparecía en el organigrama Ramiro González Warcalde -sobrino del exprocurador general de la Nación Luis González Warcalde-, a quien todos conocían como “el Jardinero” (ya que tenía un emprendimiento para prestar servicios de jardinería entre los propietarios del barrio privado). González Warcalde utilizaba la “chapa” de su tío para obtener ventajas en la realización de ciertos trámites que facilitaban las tareas del grupo que integraba y aparece en varios cruces telefónicos de la causa que investigó el juez Ferreiro Pella.
Primeros pasos
Si bien Carrió intentó vincular a Tomeo con el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández, a quien la diputada sindica como el factótum de su surgimiento empresarial, el verdadero puntapié inicial de su carrera tuvo que ver con la habilitación de su empresa tabacalera de la mano del ex presidente Eduardo Duhalde. “A partir de entonces se transformó en un abogado muy servicial con el PJ bonaerense”, explicó un colega que compartió actividad legal dentro del foro bonaerense. Entre estos “servicios” se incluirían “el armado de estructuras destinadas a blanquear dinero utilizado para el financiamiento de la política en la provincia de Buenos Aires”, añadió la fuente.
La legisladora de la Coalición Cívica también detalló que Tomeo compartía country con el ex jefe de la SIDE Francisco “Paco” Larcher, el hermano del juez Ariel Lijo y la subjefa de la AFI, Silvia Majdalani, y apuntó contra su propio partido al afirmar que Tomeo “aportó a la campaña de Cambiemos” y reconoció que pudo “ser plata del narco”.
Fuente: /ambito.com.ar
