21 ENE 2016.- Es un escenario novedoso, inédito desde el regreso de la democracia hace más de 30 años. Ejecutivos en actividad y ex directivos de grandes empresas extranjeras y nacionales, muchos de ellos de alto perfil, dejaron sus escritorios para entrar -casi de un día para otro- en la gestión pública. “El gobierno de los CEO”, lo bautizó despectivamente el kirchnerismo, que intenta imponer el término.
Administrar la incompatibilidad y el conflicto de intereses que podrían surgir fácilmente de esta situación planteará un gran desafío, y el Gobierno lo sabe. Se siente observado y la estrategia de contraataque es la promesa de transparencia en la gestión y de cumplimiento estricto de la ley.
“No es relevante saber si éste es el gobierno que tiene más o menos incorporaciones del sector privado; lo es que somos la gestión que se muestra más abierta a decir: venimos del sector privado, queremos saber cuáles son nuestras limitaciones para ejercer cargos públicos”, afirma Laura Alonso, la nueva directora de la Oficina Anticorrupción (OA).
“No importa si venís del sector privado o de Marte, lo que importa es que en la función pública te desempeñes de acuerdo a los principios de la ley y la Constitución”, afirma.
La OA depende del Ministerio de Justicia y su titular es designado por el Presidente; es la encargada de luchar contra la corrupción en el ámbito del sector público nacional y la autoridad de aplicación de la ley de ética en el ejercicio de la función pública, que contempla el conflicto de intereses. Actúa de oficio cuando recibe las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y observa alguna situación dudosa, ante una denuncia o por la consulta de los propios funcionarios.
Según la OA, los expedientes más comunes de conflicto de intereses “refieren a funcionarios que tienen o han tenido vínculos con una empresa privada y a la eventualidad de que desde su cargo tomen decisiones que favorezcan a esa organización, de manera que ese beneficio también los alcance”. Podría ser el caso, eventualmente, de decenas de ejecutivos que pasaron del otro lado del mostrador para abordar, como miembros del Estado, temas que antes trataban como representantes de intereses privados. Hoy hay más de un ejemplo en el Gobierno en sectores como energía, transporte, siderurgia, telecomunicaciones y bancos.
La ley establece que los designados tienen que renunciar a los vínculos privados como condición para acceder al cargo y después abstenerse de intervenir en cuestiones relacionadas con esos vínculos. De controlar que se cumpla se encarga la OA. “Es importante desafiar el prejuicio de que el que ingresa desde el sector privado es malo; es un falso dilema”, dice Alonso.
Pero no siempre los conflictos están a la vista y se manifiestan de distintas formas, como el tráfico de influencias. “Se combate con mayor transparencia en la gestión. Cuando hay muchos ojos mirándote y no sólo los organismos de control es mejor. Por eso el presidente Macri firmó el decreto 117 [de apertura de datos] que es un primer paso hacia un gobierno abierto en donde toda la información esté publicada”, explica la ex diputada de Pro.
“En administraciones anteriores había funcionarios que iniciaban de golpe una actividad privada y ni siquiera registraban que podían tener un potencial conflicto de interés. Se transformaron en empresarios, nunca consultaron y el sistema no tuvo fortaleza para controlarlos”, dice Alonso.
Su antecesor en la OA, Julio Vitobello, coincide en que el fuerte ingreso de ejecutivos en el Gobierno no plantea una situación excepcional y propone no generalizar. “No soy partidario de los preconceptos. Un funcionario tiene que ser eficiente y honesto venga del sector que venga, y una vez que comience la gestión se podrá evaluar cómo se ha desempeñado. Sí hay que ser cuidadoso en casos puntuales. Por ejemplo, en el manejo del fondo de garantía de sustentabilidad de la Anses, donde hay ex integrantes de Goldman Sachs y JP Morgan”, analiza.
Vitobello, por otra parte, rechaza las críticas de Alonso sobre la inacción de la OA. “El trabajo siempre se hizo, lo que sí reconozco que no se hacía era difusión pública. Todo está documentado en expedientes internos; intervinimos en todos los casos resonantes de corrupción de los últimos años, como la causa Ciccone. Para procesar a Amado Boudou, el juez se basó en un expediente nuestro”, afirma./ lanacion.com.ar
