La información sobre las licitaciones y su ejecución resultan fundamentales
La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (CNUCC) compromete a los países firmantes a la modificación de sus marcos jurídicos a fin de generar mecanismos y herramientas de prevención y sanción de la corrupción.
Algunas de las medidas previstas en la convención tienden a la promoción del acceso a la información pública y a la transparencia en torno a las contrataciones y la gestión del estado; la promoción de estándares de contabilidad y auditoría en el sector público y privado; así como medidas tendientes a la prevención del lavado de dinero.
Esta convención penaliza la corrupción del sector público y entre privados, dentro de otras recomendaciones, destacándola como una de las más importantes. Las políticas y prácticas de prevención de la corrupción, la contratación y la gestión de la hacienda pública ocupa un lugar preponderante. Establece que deberán desarrollarse sistemas apropiados de contratación basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones. Estos deberán tener en cuenta, entre otras cosas, la difusión de información relativa a procedimientos de contratación, información sobre licitaciones que sea pertinente y oportuna, criterios de adjudicación y selección, así como la publicación de acceso al público en general.
Resulta fundamental que las contrataciones públicas se desarrollen en un ámbito de transparencia a fin de cumplir cabalmente con los fines del estado y lograr una adecuada administración de los recursos dentro de un marco de mayor transparencia, eficiencia, eficacia y economía.
Es necesario destacar la importancia de la contratación pública como instrumento del Estado para la concreción de los fines que le son inherentes. Si las mismas se desarrollan en un contexto de publicidad y acceso a la información se posibilita asimismo su control social.
Los beneficiarios de un proceso de contrataciones transparente son: el sector público ya que sus decisiones cuentan con un respaldo de legitimidad y legalidad; el sector privado que puede participar de estos procesos en un marco de competencia leal; y la sociedad en general que ve cubierta sus necesidades sociales con bienes y servicios públicos adquiridos en las mejores condiciones de mercado.
