Resulta muy importante, para la vida democrática, que el ciudadano tome conciencia de que los funcionarios públicos son meros mandatarios de los ciudadanos para regir temporalmente los destinos, en el caso local, de la provincia. Correlativamente estos funcionarios deben entender que son administradores de fondos de terceros.
Esta calidad de mandatarios hará que no traten a la “cosa pública” como algo personal y que deban rendir permanentemente cuenta de sus actos.
Escudar este control solo en organismos públicos es una muestra del desprecio a este principio rector de la vida en democracia.
El avance tecnológico de los últimos tiempos ha sido impresionante. Hoy no existe impedimento alguno para que el estado disponga que la totalidad de los movimientos de fondos sean subidos a internet. El Estado no realiza movimientos de fondos sin los libramientos y autorizaciones correspondientes, subir a la red estos detalles no debe implicar problemas tecnológicos.
Esta situación implicaría garantizar una transparencia en la gestión pública, que debe ser objetivo básico del gobierno.
Tucumán integra el lote de las siete provincias sin ninguna legislación relativa al acceso a la información, junto a Santa Cruz, Formosa, La Rioja, La Pampa, San Juan y Mendoza.
Proyecto de Feput
La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput) presentó en 2013, a través del entonces legislador José Páez (Democracia Cristiana), una iniciativa de Ética Pública. Entre otros puntos, el proyecto de ley promovido por la organización establecía la “La incompatibilidad de los funcionarios mencionados y la integración en empresas concesionarias de obra pública o proveedores del estado, incluyendo cónyuges y parientes hasta el 2º grado”. La iniciativa no llegó a recinto aún.
