Tras la aprobación en el Congreso de la Nación, el Gobierno promulgó la ley de Consenso Fiscal, mediante su publicación en el Boletín Oficial. La normativa frena la baja de impuestos provinciales que había acordado la anterior administración con las provincias en 2017.
A diferencia de la votación del proyecto de ley “de restauración de sostenibilidad de la deuda bajo jurisdicción extranjera”, el Gobierno había conseguido la sanción definitiva con un tímido apoyo opositor: tuvo 157 votos a favor, 54 en contra y 7 abstenciones. De hecho, los tres bloques de Juntos por el Cambio votaron divididos.
La discusión en torno al acuerdo fiscal, que Alberto Fernández firmó con los gobernadores y el jefe de la Ciudad a mediados de diciembre, había sido exprés: tuvo sólo una docena de oradores, además de las palabras de inicio de cada bloque.
El interbloque de la coalición opositora había dejado libertad de acción a sus legisladores, a pesar de las presiones de Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gustavo Valdés y Horacio Rodríguez Larreta, que oxigenan sus finanzas con la puesta en marcha de esta ley, que frenó la baja gradual de Ingresos Brutos y Sellos, acordada en el anterior pacto, a cambio de la suspensión de juicios contra el Estado nacional por parte de las provincias.
Previamente, las diferencias internas de la oposición habían quedado plasmadas en la reunión del interbloque. Ante la ausencia de Cristian Ritondo, fue Álvaro González, del PRO y de estrecha relación con Rodríguez Larreta, el que pidió el acompañamiento al pacto fiscal. Jorge Rizzotti, de la UCR de Jujuy, hizo lo propio en nombre del gobernador radical. Sin embargo, en general, prevaleció la posición de no acompañar el proyecto.
De hecho, Mario Negri, el jefe del interbloque de Cambiemos, había votado en contra. Sólo cinco diputados de la UCR habían votado a favor. Alfredo Cornejo y el resto de los legisladores mendocinos se abstuvieron. Los dos diputados que responden a Morales avalaron la sanción: el gobernador de Jujuy tiene fuertes presiones por la situación procesal de Milagros Sala
Del PRO, fueron más: 26 votos favorables, impulsados por la insistencia del jefe de Gobierno, que atraviesa una seria negociación con la Casa Rosada por la rebaja de la coparticipación que el Gobierno planea ejecutar próximamente.
La Coalición Cívica, en tanto, votó unánimemente en contra del consenso fiscal, una posición que ya había planteado con anticipación por oponerse a la “suba de impuestos”. Elisa Carrió ya se había ausentado del recinto al momento de la votación.
En consecuencia, el Gobierno nacional le puso un freno a la baja de Ingresos Brutos y de otros impuestos que algunos consideran “distorsivos” y decidió suspenderla hasta el 31 de diciembre de 2020. De esta manera, el Estado prevé un alivio fiscal de 60 mil millones de pesos para las 23 provincias y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A cambio, los gobernadores prometieron dejar de insistir durante el mismo plazo con “las causas judiciales, cualquiera sea su radicación y estado de trámite, originado en reclamos derivados con el régimen de coparticipación federal”, así como frenar también por 12 meses “los juicios por la baja de impuesto a las ganancias y de IVA para la canasta de alimentos”.
