Un nuevo año a la espera de una ley que permita libre acceso
En tan solo tres meses Tucumán estar renovando autoridades. En la provincia y en cada municipio y comuna los tucumanos deberán votar para elegir a sus candidatos. Además de los cargos ejecutivos tendremos 49 legisladores nuevos o renovando sus bancas y lo mismo sucederá en los Concejos Deliberantes. Si la provincia se hubiera adherido a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública de 2.016 o hubiera tratado a nivel provincial, como fue la promesa, una ley similar, ninguno de los funcionarios hubiera podido volver a ocupar la función pública sin presentar la declaración jurada propia y de su pareja. Porque la Ley Nacional establece en su artículo 9 “que los individuos que no hayan presentado su declaración jurada al egresar de la función pública en el plazo correspondiente, serán intimadas en forma fehaciente para que lo hagan en el plazo de 15 días y si no cumpliere con la presentación de la declaración, no podrá ejercer nuevamente la función pública”.
La ley de Acceso a la información pública va más allá de los patrimonios, permite conocer en qué, para qué, cómo y con quién se hace una obra o cuánto empleados tiene un funcionario o cómo se financia una campaña política. Pero además debe ser de fácil acceso; es decir, poder acceder a la misma desde una computadora de manera remota y no con trámites burocráticos.
Tucumán en Negativo
De acuerdo al CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), entre 2013 y 2018 hubo una mejora general de las 24 provincias: el puntaje promedio pasó de 5,8 a 7,8 sobre un total de 10 puntos. El proceso no ha sido lineal, cobrando especial impulso en los últimos dos años. Detrás de esta dinámica, hay 15 provincias que mejoraron sustancialmente. De este conjunto, se destacaron Chaco, Corrientes, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Juan y Santa Cruz, que en 2013 obtuvieron un puntaje relativamente bajo. Su cambio fue relativamente mayor dentro del conjunto y actualmente se ubican en las escalas superiores. Por otro lado, solo cuatro provincias (Chubut, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán) exhiben una trayectoria de estancamiento o escasa mejora, además de presentar los puntajes más bajos en el universo provincial.
Las provincias ejecutan más del 40% del gasto público del país y son responsables de la provisión pública de servicios esenciales para la sociedad: educación, salud, y seguridad. En ese contexto, la mayor transparencia presupuestaria es un mecanismo fundamental para lograr un debate más informado sobre las decisiones de gasto y de impuestos, y mejorar los procesos de rendición de cuentas. Es crucial entonces que se consolide el rumbo observado en los últimos años.
La obra pública
En un artículo publicado por el CGCET en Agosto de 2.017, referido a la obra pública, ya indicábamos: “Los beneficiarios de un proceso de contrataciones transparente son: el sector público ya que sus decisiones cuentan con un respaldo de legitimidad y legalidad; el sector privado que puede participar de estos procesos en un marco de competencia leal; y la sociedad en general que ve cubierta sus necesidades sociales con bienes y servicios públicos adquiridos en las mejores condiciones de mercado”.
La sociedad ha visto un deterioro de las obras, con puentes caídos que de milagro no causaron una tragedia mayor o el flagelo de las inundaciones. Allí radica la necesidad de mayor control y transparencia.
