05-ENE-2015 Pese a la caída de la cláusula que le impedía negociar, el Gobierno parece decidido a no arreglar con los fondos buitres, lo que dificulta el acceso al crédito internacional. En este escenario, anticipan que en 2015 se profundizará la “mochila” tributaria sobre particulares y empresas.
El fin del 2014 era muy esperado por el mercado, ya que el 31 de diciembre operaba la caída de la denominada “cláusula RUFO”, que le impedía a la Argentina mejorar ofertas a sus acreedores respecto a las de quienes aceptaron los acuerdos previos.
Ahora, ya no existe ese limitante, que estaba asociado al riesgo de abrir la puerta a una eventual catarata de juicios que, en consecuencia, podría haber elevado la deuda a un monto imposible de pagar. Sin embargo, el Gobierno no parece estar urgido por sentarse a acordar con los fondos buitres.
Desde el oficialismo ya vienen dando señales de ello. El senador Juan Manuel Abal Medina remarcó que “no va a haber ningún tipo de acuerdo que no le convenga al país, y eso es lo más importante que tenemos que tener en claro”.
Estas declaraciones siguieron la línea de las del ministro de Economía, Áxel Kicillof, que ya antes del fin de 2014 aseguraba que una vez que se cayera la cláusula RUFO “la Argentina no va a cambiar su posición con los buitres”.
Con la decisión tomada de no pactar -al menos por ahora-, queda claro que el Gobierno seguirá adelante con la postura orientada a “vivir con lo nuestro”. Es decir, continuará “bancando” el elevado gasto público a través de los ingresos que genere vía impuestos, emisión monetaria y endeudamiento interno.
De esta manera, si opta por no acceder al crédito internacional, analistas ya anticipan que la presión tributaria continuará al alza.
Presión en tres niveles
Para poder explicar el incremento de la presión impositiva, debe tenerse presente los tres niveles gubernamentales que existen en el país: nacional, provincial y municipal.
En este sentido, el consultor tributario Orlando Gualtieri destaca que la Constitución divide “el poder tributario originalmente en dos niveles de gobierno: provincial y federal, dejando a las constituciones (provinciales) el tema de los municipios”.
No obstante, explica que en la última reforma de 1994 se le asignó cierta jerarquía “autonómica” a estos últimos (municipios) , “con lo cual aparece, en la práctica, una tercera jurisdicción que termina influyendo”.
De esta manera, se aplican tres tipos de tributos: los que establece la Nación, los que imponen las provincias y los municipales.
Por este motivo, y al contrario de lo que viene remarcando la presidenta Cristina Kirchner en diversas oportunidades, la explicación del alza de la presión no se encuentra con exclusividad en las provincias y municipios, sino en los tres niveles de gobierno.
Al menos así lo manifesta Sofia Devalle, miembro del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que explica algunas de las causas que llevan a que los argentinos destinen una parte mayor de sus ingresos al pago de impuestos.
La experta destaca que “se ha dado una tendencia a crear nuevos tributos, particularmente a nivel local de gobierno, y a aumentar la carga tributaria de los ya existentes, en el caso de los tres niveles”.
Expresado en números, Marcelo Capello y Néstor Grión, miembros del IERAL de la Fundación Mediterránea, destacan que “la presión tributaria se ha incrementado en casi 15 puntos del PBI desde el año 2000, correspondiendo 12,3 de ellos al Gobierno nacional y 2,2 puntos porcentuales a las provincias”.
Impuestos hasta superpuestos
En uno de sus tantas alocuciones, Cristina afirmó que la Nación hablará con intendentes y gobernadores por la “superposición de impuestos que se generan en las jurisdicciones, de carácter inconstitucional, y que también dan una sobrecarga impositiva que no es justa que se pague”.
De esta manera, en el marco de un congreso de jóvenes empresarios, organizado por la Asociación del Industriales Metalúrgicos (Adimra), volvió a desviar el reclamo por la creciente presión fiscal a los municipios y provincias.
No obstante, la creación de tributos no es la única causa de la sobrecarga impositiva.
Devalle da cuenta de un dato clave: los aumentos de carga tributaria a nivel nacional se han producido de una manera más bien indirecta. Es decir:
– No se generaron vía modificaciones en las alícuotas.
– Más bien, por la falta de actualización de los parámetros de cálculo de los gravámenes.
En buen romance, esta la forma de aumentar la carga impositiva sin crear nuevos tributos.
En la misma línea, desde el IERAL explican el caso concreto del Impuesto a las Ganancias, donde existen diversas decisiones de política que pueden incrementar su incidencia efectiva, tanto para particulares como empresas.
Por ejemplo, en las compañías actualmente no se permite el ajuste por inflación, lo que las lleva a sobreestimar sus verdaderas utilidades cuando se mide en términos nominales.
“Algo similar ocurre con los asalariados, en donde la actualización insuficiente de los mínimos no imponibles y de otros elementos que forman parte de la determinación del impuesto derivan en una mayor presión tributaria efectiva”, advierten.
Como dato ilustrativo, desde el IERAL aclaran que las personas físicas y jurídicas que pagaron Ganancias contribuyeron un 63% más respecto a un año atrás, comparando octubre contra octubre (el crecimiento se dio incluso en un contexto recesivo y de caída del poder adquisitivo del salario).
Además, el gravamen no sólo se ve incidido por estos factores, sino por otro que ganó gran relevancia el año pasado: el anticipo que se efectúa por la compra de dólares ahorro.
En efecto, en octubre de 2014 explicó casi 5 puntos porcentuales del aumento en la recaudación de Ganancias y casi un punto porcentual del total recaudado.
La falta de actualización -como forma de aumentar la presión impositiva- es una característica que se repite en otros tributos.
Por ejemplo, en Bienes Personales, donde el mínimo no imponible se mantiene en $305.000 nada menos que desde el 2007 hace que cada vez sea más fácil ser “captado” por este tributo. Basta con poseer un cochera.
También sufren los monotributistas. Tal como dieran cuenta a iProfesional Pablo Belaich y Tomás Balzano, socio y gerente de impuestos de EY, “si bien la modificación de la norma -realizada en septiembre de 2013- fue bastante reciente, de acuerdo con la suba del nivel de precios actual del país, la misma no cubre la inflación acumulada hasta la fecha desde su reforma”.
Los “cuatro” que están en todas las jurisdicciones
A nivel provincial, los cuatro tributos que son cobrados en prácticamente todas las jurisdicciones son el Impuesto a los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Automotor, aunque suelen existir otros específicos en ciertos lugares, que pueden ser analizados en las leyes impositivas y códigos fiscales respectivos.
En estos casos, Devalle explica que en el nivel subnacional (provincias y municipios) las subas se han registrado de manera directa, elevando alícuotas y montos a pagar y eliminándose exenciones a ciertos sectores. Los ejemplos abundan.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores porteños aprobaron las modificaciones al Código Fiscal que determina los impuestos obligatorios y se dio luz verde a la Ley Tarifaria 2015 que fija las alícuotas correspondientes a cada uno de ellos.
Con respecto a los valores previstos para este año, regirá un tope al aumento en la tasa de ABL (Alumbrado Barrido y Limpieza) del 30%, en tanto que el Impuesto Automotor podrá trepar hasta un 50%.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, si bien no se modificaron las alícuotas de Ingresos Brutos, la del Impuesto a los Sellos pasó del 8% al 12% para 2015. Asimismo, se introdujeron varias tasas a la actividad portuaria, lo que generó la queja de los empresarios del sector.
En efecto, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) de la Argentina rechazó la aprobación por el Gobierno bonaerense de este nuevo marco normativo incluido en el Presupuesto 2015.
La CPPC reclamó la suspensión de los artículos de la ley de leyes que crean las mismas y advirtió sobre las asimetrías negativas con los puertos de provincias vecinas, dado que la norma promueve la fuga de cargas hacia esos otros destinos.
El núcleo de las críticas se focalizó en los artículos 137, 138, 139 y 140, a partir de los cuales se crean nuevas tasas a los buques y a las terminales portuarias de los particulares, de uso privado y destino comercial o industrial.
Tasas, el “terror” de los municipios
Mientras en las provincias los aumentos impositivos son moneda corriente, a nivel municipal las cosas no cambian demasiado. Por el contrario, en los últimos años no sólo se encontró una suba de tasas sino también de gravámenes.
Así lo demostró un reciente trabajo realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que arrojó que un saldo de 75 nuevos tributos en un total de 151 ciudades relevadas.
“Es decir, de cada dos municipios analizados, en uno se creó alguna nueva contribución”, remarcaron desde la CAME.
Eso es posible porque la Constitución Nacional establece que las provincias son quienes determinan el grado de autonomía de sus municipios y, frente a la ausencia de consensos y reglas comunes sobre ese tema, la mayoría de las ciudades del país están habilitadas para el cobro de impuestos y la introducción de las contribuciones que deseen.
Sin embargo, lo que la CAME considera peligroso es el “clearing” de tasas.
Esto es, que cada vez que una ciudad introduce un tributo nuevo, surjan comunas que analizan la posibilidad de darle vida a la misma contribución.
“Sobre todo en aquellos gravámenes que son pequeños montos cobrados en determinados consumos de bienes o servicios. Pasan desapercibidos en muchos contribuyentes, pero implican varios millones de pesos que se transfieren desde el sector privado al público”, advierten los empresarios.
Fuente: IProfesional.
